En el marco de la difícil tarea que lleva adelante, la jueza Sandra Arroyo Salgado dispuso la extracción de material genético para ser contrastado en el Banco de Datos Genéticos. Asegura que está realizando lo que la Cámara le pidió cuando le designó el caso, es decir abocarse directamente al procedimiento, aunque ello implique poner en juego los intereses más poderosos del país.

Ayer en una rueda de prensa la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo presentó al nieto nº 101. Francisco Madariaga habló a la prensa junto a su papá y Estela de Carlotto en una jornada plena de emoción y festejos.

Remo Carlotto, diputado nacional del FpV y presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, dialogó con Miradas al Sur y dijo que uno de los objetivos de la ley de ADN para los jóvenes que podrían ser hijos de desaparecidos “es no dejar en sus manos la responsabilidad de ser ellos una prueba. Pueden llegar a negarse a hacerse los análisis porque se sienten presionados por sus apropiadores. Con esta ley eso quedará en manos de la Justicia”.

“Somos libres porque pudimos entender nuestro ADN, ése que nadie pudo cambiar”, aseguró Victoria Donda en el Congreso.

por pablo llonto

La Sala II de Cámara Nacional de Casación Penal amplió un fallo del Tribunal Oral Federal 5 que, el 4 de abril del 2008, había condenó a diez años de cárcel al ex capitán Enrique Berthier, y a ocho y siete años a Osvaldo Arturo Rivas y Maria Cristina Gomez Pinto, por anotar como propia a Eugenia Sampallo Barragán, hija de desaparecidos y nacida en cautiverio.

Abuelas de Plaza de Mayo quiere dar a conocer la resolución del caso N° 99. Lamentablemente se trata del hallazgo de los restos de la niña Mónica Graciela Santucho, desaparecida el 3 de diciembre de 1976 junto a sus padres, Catalina Ginder y Heldy Rubén Santucho, cuando tenía catorce años. Mónica es una muestra más del accionar de los genocidas que además de secuestrar y robar bebés, asesinaron niños y adolescentes que por su edad no podían ser apropiados.

Su historia es la de un doble desaparecido. Su madre era una militante peronista, secuestrada durante la dictadura en octubre de 1979 y desaparecida. Hasta hace muy pocos meses, ninguno de sus familiares supo que estaba embarazada al momento de la detención. El hijo nació en cautiverio, en el Hospital Militar de Campo de Mayo, pero encaró solo su propia búsqueda por la identidad a partir de una sospecha. Las Abuelas de Plaza de Mayo hoy hablarán de esa búsqueda y lo presentarán como el nieto restituido número noventa y ocho.

El CEO de Clarín, Héctor Magnetto, declaró el año pasado que ignoraba los trámites realizados por Ernestina Herrera de Noble para adoptar dos bebés en mayo de 1976, cuando era gerente general del diario. Su biógrafo José Ignacio López sugirió lo contrario. En la página 226 de "El hombre de Clarín" escribió que la viuda consiguió a los chicos gracias a "la asistencia de (Rogelio) Frigerio", dirigente desarrollista que manejaba el diario en las sombras desde la muerte de Roberto Noble, y al "asesoramiento de (Bernardo) Sofovich", apoderado general de Clarín y hombre de íntima confianza de la directora, a quien representó en la sucesión de su esposo. López declaró ante la justicia que lo supo por "el relato que el señor Magnetto me hizo de ese episodio".

Se refiere a análisis genéticos de pelos y uñas. No a tomas de sangre compulsivas.

Ordenan comparar muestras de adn con otras 22 familias.
El juez federal Conrado Bergesio decidió ampliar la investigación sobre el origen de los hijos de Ernestina Herrera de Noble. La resolución hace lugar al pedido de Abuelas de Plaza de Mayo para que los análisis se extiendan a otras veintidós familias que reclaman a sus nietos secuestrados o nacidos en cautiverio en los mismos años en que la dueña de Clarín adoptó a los dos bebés. Hasta aquí la causa se limitaba a develar si Marcela y Felipe son hijos de dos parejas de desaparecidos. A diferencia de otros expedientes por apropiación de niños durante la dictadura, la Justicia había ordenado que el ADN de los jóvenes sólo se cruzara con las dos familias querellantes y que el examen se hiciera en el Cuerpo Médico Forense y no en el Hospital Durand como establece la ley.