Luis Alem
subsecretario de DDHH de la Nación
Juzgar a Menéndez tiene todo ese valor agregado, como lo es juzgar a Videla, a Masera o a Bussi en Tucumán. Figuras emblemáticas de la represión

El pasado jueves 3 de julio, el subsecretario de DDHH de la Nación, Luis H. Alem, pasó por Córdoba para constituir a la secretaría como querellante en una de las causas vinculadas al accionar terrorista del Estado en Córdoba. Se trata de la causa Vergéz, que investiga una veintena de asesinatos en enero del 76, meses antes del golpe, a partir de donde todo el aparato de Estado se convirtió en terrorista.

En una charla con H.I.J.O.S. el funcionario describió los procesos judiciales en marcha de todo el país, sus particularidades, similitudes y diferencias. También expuso el punto de vista de la secretaría sobre el debate de cárceles comunes para los genocidas y el criterio de acumulación. Por último hizo referencia al significado que tiene para nuestra democracia, juzgar a Luciano Benjamín Menéndez.

H.I.J.O.S.: ¿Cómo está la situación procesal en el país con respecto a los juicios en marcha?

Alem: Lo que tenemos en claro es que a partir del año pasado, y obre todo algunas resoluciones y reclamos que se hicieron públicos, tanto el que hizo Kirchner desde La Perla, como otros que ya se hicieron muy notorios, se produjo un aceleramiento en la situación, sin que esto llegue todavía a una situación óptima. En el medio estuvieron un informe de la Procuración General y una resolución del Procurador de este año, donde instruía para que los fiscales pidieran la elevación a juicio sin caer en la chicana jurídica que provocan las defensas interponiendo recursos que muchas veces versan sobre temas que la propia corte ya ha resuelto, como la imprescriptibilidad, cosa juzgada o cosas por el estilo. Estas chicanas solo buscan dilatar los tiempos para demorar las causas.

En estos días está terminando la causa del Regimiento 9 de Infantería en Corrientes, que fue la primera fuera del ejido de Capital y Conurbano. Ayer salió la sentencia en Misiones, condenando a 25 años de prisión a los civiles y militares que estuvieron involucrados en el centro de detención conocido como “Casita de los Mártires” y está llevándose adelante el juicio a Menéndez aquí en Córdoba. También está llegando a juicio una causa en San Luis y en Tucumán empieza el 5 de agosto otra causa donde esta imputado Menéndez junto a Bussi.
Está terminando la cusa sobre la Masacre de Fátima en Bs. As. y estuvo la causa de apropiación de la chica Sampallo Barragán.

Estuvo la sanción de las leyes, por parte del poder ejecutivo para mejorar el tratamiento de todas las causas que están en juicio oral y todavía se siguen estudiando una serie de proyectos para mejorar aun más esta situación.
Nosotros creemos que va tomando cuerpo la idea de que las causas deben ir elevándose, en la medida de lo posible unificadas, por lo menos por centros clandestinos, así todos los hechos que ocurrieron en un mismo centro, tenga a todos sus responsables juzgados en un mismo proceso. De este modo se evita la repetición una y otra vez del testimonio de las víctimas, que tienen que declarar aquí y allá. Además acelera el tiempo de los juicios, porque si tenemos que hacer uno por uno estaremos machismos años.
Algunos tribunales, cuando recién se reabrieron los juicios decidieron ir elevando causa por causa pero hoy el reclamo es que se unifiquen.

H: ¿En ese sentido, ya se avanzó en alguna jurisdicción con la acumulación de causas?

Alem: Si, En Bs. As. por ejemplo, el juez Rafecas, que tiene causas del I Cuerpo de Ejército opera por centro clandestino, por eso cerró y elevó a juicio “Club Atlético” y “El Olimpo”; “Vesubio” cierra y eleva; “Orletti” cierra y eleva, entonces es un centro clandestino que involucra a todos los hechos.
En el juzgado que tiene las causas de la ESMA es probablemente donde esto todavía no se aplicó. Si bien la causa está orquestada por un centro clandestino, lo cual es correcto, el juez desmembró esa causa en hechos y entonces fue elevando hechos individuales. Así fue la causa de Febrés que era por cuatro de los trescientos hechos en los que estaba imputado. Se elevaron también, aunque aun no entraron a juicio los casos del asesinato de Rodolfo Walsh, la causa por los hechos de la iglesia Santa Cruz, la desaparición de las primeras madres y las monjas francesas. Son hechos que si bien forman parte de la mecánica de la ESMA, representan fragmentos.
Nosotros hemos planteado que el Tribunal que está interviniendo unifique todo lo que sea posible. Ya que se va a desarrollar un juicio oral, que trate de unificarlo con todo lo demás así no evitamos la fragmentación.

H: ¿Desde la secretaría tienen una estimación de cuantas condenas se pueden alcanzar en este proceso de juicios?

Alem: Lo que tenemos es una estimación de cuanto fue el personal, militar y de las fuerzas de seguridad que estuvo afectado para la represión. Lo cual no significa que todos ellos sean responsables de algún delito, esto es bueno aclararlo.
La totalidad, en los siete años que duró el proceso, habrá alcanzado unos 200 mil efectivos. No quiere decir que los 200 mil hayan participado activamente, pero si indica que el número de imputados y procesados que hay hasta ahora (detenidos hay cerca de 280, si sumamos todos los imputados tendremos unos 900 o 1000 en todo el país), es un número insuficiente frente a la magnitud de los que fue el proceso de este plan sistemático de aniquilamiento de toda disidencia y disciplinamiento a través del terror de toda la sociedad.

A partir de los juicios, van apareciendo testimonios, acerca de otros hechos, otros responsables, y se van detectando. Es una tarea en donde los principales responsables ya están identificados, pero faltan otros. Con respecto a los civiles hay alguna reticencia aún en algunos tribunales a entender esta cuestión. Por ejemplo, si un centro clandestino de detención funcionaba dentro de una dependencia policial es imposible que el personal policial que prestaba servicios en esa dependencia, no conociera lo que estaba pasando. Estaban afectados. Por ejemplo en La Plata, donde funcionaban en la comisaría 5ta o en la brigada de informaciones, los mismos sobrevivientes narran que parte de las tareas las cubría el personal común, aparte del grupo operativo que se encargaba del secuestro, el interrogatorio y la tortura, la custodia recaía en el personal común y eso es participar de los hechos. No podían ignorar que esa gente estaba privada ilegítimamente de su libertad.
A partir de esto, graduar la responsabilidad que tuvieron es otro tema, pero la participación en los hechos es indiscutible.

H: ¿Con respecto a la presentación que realizaron, donde se constituyen en querellantes en una causa emblemática de la represión en Córdoba, a que obedece?

Alem: Si, en la causa que se denominó “operativo Moncholos” (en referencia al secuestro en pocas horas de un gran número de militantes montoneros), son hechos que ocurren entre el 6 y el 15 de enero de 1976 donde 22 personas son privadas de su libertad, conducidas al centro clandestino La Ribera, sometidas a tormentos allí, y finalmente eliminadas. Hay una larga lista de represores involucrados, desde Menéndez, como comandante del III cuerpo de Ejercito, el Coronel Villaruel, como responsable del área de operaciones del área 311, las autoridades policiales del D2 y la parte de inteligencia que tuvo una importante participación en todos estos hechos.

Esta presentación probablemente la ampliemos a las causas conexas, algunas de las cuales ya han sido acumulada, otras lo pediremos para operar con este criterio. En este caso no sería sólo un criterio de acumular por centro clandestino sino también todos los hechos previos al golpe de marzo del 76. En Córdoba, como ocurrió en otros puntos del país, pero sobre todo la zona bajo el mando del III Cuerpo, la represión estaba actuando activamente, desde 1975 por lo menos. Esos ya son hechos de terrorismo de estado. Esto es: estructuras estatales aunque no todo el Estado, que utiliza prácticas terroristas para reprimir al disidente. Lo que cambia a partir de 24 de marzo es que es todo el Estado es el que reprime, ya no son algunas de sus dependencias o grupos paraestatales con algún respaldo de sectores del Estado. Es el Estado en su conjunto el que asume la tarea terrorista.

Martines de Hoz y los civiles del golpe.

Está clarísimo que lo que produce el golpe no es solamente el deseo de los militares de apropiarse de todo el Estado, sino la necesidad de aplicar un plan económico, cuya elaboración se la confiaron antes del golpe a Martines de Hoz, esto está incluso reconocido por él mismo. En un reportaje el año pasado cuenta que los militares lo fueron a ver antes de dar el golpe, le piden un plan económico y él lo realiza. Con ese modelo lo van a ver a Luder, que en aquel momento era el presidente provisional, se lo plantean, Luder lo rechaza y “no hubo mas remedio”, dice, vino el golpe. Con esto queda claro que el verdadero objetivo del golpe fue imponer un plan económico.
La utilización del terror fue necesaria para disciplinar a la sociedad y que se aceptara sin resistencia.
Entonces, juzgar a la pata civil de la dictadura es una tarea pendiente, está faltando.
En este punto los jueces, por lo general, son más reticentes a actuar, o no alcanzan a ver la dimensión, de que esto no fue solamente la represión del aparato militar, sino que hubo una pata civil que participó activamente.
A Martines de Hoz lo tenemos querellado en tres causas y no hemos logrado más que la declaración de inconstitucionalidad del indulto que lo había beneficiado, pero no ha sido procesado en ninguna de ellas a pesar de que su participación es mas que evidente.

H: ¿Cuál es el criterio para constituirse en querellantes en determinadas causas?

Alem; Nosotros entendemos que por un lado es un deber del poder ejecutivo, cuya área de DDHH somos nosotros, presentarse en estos casos. No sólo un fundamento ético, que tiene que ver con los deberes del Estado, ya que un Estado sin ética deja de serlo. Sino porque el Estado fue victima. Fue victima del asalto de los poderes y hasta en el sentido más clásico, es el que se ha tenido que hacer cargo, de las indemnizaciones a las victimas y el que asume la responsabilidad internacional sobre estos hechos.
Entonces, el poder ejecutivo, tiene un interés específico en estas causas. Además trabajamos junto con la mayoría de los organismos de DDHH. Sabemos que hay algunos que no están de acuerdo con nuestra tesitura, los aceptamos pero no estamos de acuerdo con ellos.

Además tenemos una función diferenciada de los que es el Ministerio Público Fiscal, que es un órgano extra poder, así lo establece la constitución, la ley de autonomía del ministerio publico, que no recibe órdenes de ningún otro poder, y que representa a la sociedad y es en nombre de esta que establece la acción publica.

Nosotros representamos al Ejecutivo nacional, nadie puede representar al Estado, parece que la gente se olvida que el Estado tiene tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el propio poder Judicial. Sería ridículo que alguien representara al poder judicial que está llevando adelante el juicio.
Y que además tiene los entes autárquicos y descentralizados como el ministerio público o la Defensoría del Pueblo, que no dependen ni reciben ordenes de otros poderes.
Entonces el Estado es una serie de poderes, un conjunto, nosotros representamos al Ejecutivo, el Ministerio Público a la Sociedad y el Poder Judicial se encarga de llevar el proceso adelante y el legislativo hará las leyes que corresponda.
Esta política la estamos llevando adelante en todo el país. En algunos lugares no lo hicimos porque fruto del trabajo de las organizaciones de DDHH locales se viene avanzando bien, no hacia falta nuestra presencia, las causas están promovidas o cercanas al juicio. En otros lugares si.

En Santiago del Estero por ejemplo, porque no había prácticamente causas. Eran muy pocos hechos que se venían investigando, nosotros nos presentamos en hechos que incluso involucran al ex gobernador Carlos Juárez, lo mismo en Catamarca, con hechos de 1974. Y en otros lugares donde los propios organismos, ya sea que carecían de recursos o que requerían un respaldo y presencia del Ejecutivo Nacional. En todos lados tratamos de trabajar en conjunto con los organismos y el Ministerio Publico en esclarecer los hechos y formular las acusaciones.

H: ¿Con respecto a la discusión sobre el lugar de alojamiento de estos represores, que posición sostienen?

Nosotros pedimos cárcel común, no sólo para los condenados, también para los procesados. No estamos de acuerdo con la prisión domiciliaria ni con los alojamientos en otros institutos que no sean cárceles. Por distintos motivos, uno porque es muy difícil garantizar la propia seguridad de los imputados cuando no están en una cárcel. Por otro, el Estado debe cumplir ciertos requisitos de asistencia y custodia. Esto no se puede hacer en un domicilio particular, donde sólo se puede controlar el perímetro, de lo contrario se violaría la intimidad de otras personas ya que no podemos controlar la gente que visita el domicilio, las llamadas que se realizan, etc.
En casos donde se trata de delitos de lesa humanidad, con todo lo que ello implica, no podemos pedir otro destino que una cárcel.
La permanencia en otras unidad, donde muchas veces por el grado y autoridad que estos implicados obtuvieron, tienen una cierta ascendencia jerárquica sobre el personal que tiene que custodiarlos, propicia el relajamiento de la custodias y las normas que en algunos casos lleva a lo de Febrés.

H: ¿Acá en Córdoba el criterio viene siendo el alojamiento en dependencias de las mismas fuerzas, o bien en sus casas, esto se replica en el resto del País?

Alem: No. La justicia de Corrientes envió a los procesados a una cárcel común, la justicia de Chaco hizo lo propio, la mayor parte de los jueces de Bs. As. hacen lo mismo y en La Plata también, como para citar hechos de otras jurisdicciones.
En algunos casos de prisión domiciliaria nosotros hemos logrado la revocación, creemos incluso que no se cumplen las condiciones de estos arrestos. Entonces en la medida que logramos establecerlo de alguna manera fehaciente, lo presentamos a los juzgados pidiendo que se le revoque el beneficio y se lo envié a una cárcel común.
Hay que aclarar que no es obligatorio que una persona mayor de 70 años goce de una prisión domiciliaria. Es facultativo del juez y hay una serie de condiciones a evaluar: primero el tipo de delito en el que está imputado, por otro la posibilidad o no de que estando en una cárcel se imposibilite algún tipo de cuidad o atención especial que debiera garantizarse. De no haber imposibilidades deben alojarse en cárceles.

Nosotros creemos que en estos casos, donde esta gente sigue activa, sigue reivindicando el terrorismo de estado y sigue actuando con el resto de los represores, evidentemente, mantenerlos en esa situación de beneficio, obstaculiza el curso de la justicia.

H ¿Qué significa enjuiciar a Menéndez?

Alem: Menéndez fue una de las figuras emblemáticas de la represión, no todos los militares afectados tuvieron un peso específico propio como él. Fue quien encarnó una de las alas más duras, la del represor que se consideraba amo y señor de vidas y propiedades. La figura de quien tenía una intención que iba más allá de la propia represión. Quería proyectarse políticamente en la escena pública, esta en sus palabras. Incluso buscó diferenciarse del propio Videla, tenía una personalidad propia, actuaba con mucha autonomía. Esto se proyectó después del proceso, su proyecto político sobrevivió, tuvo una permanencia en el tiempo y una fuerte influencia sobre sectores de la sociedad civil. Entonces, su juzgamiento es también la manera de decir, que hasta el más poderoso, el que se creía dueño de todo y todos, termina cayendo por la acción de la justicia. Esto tiene ese valor simbólico y reparatorio. Además teniendo en cuenta que Menéndez no fue sólo el jefe del III Cuerpo, sino que se involucraba permanentemente en cada paso de la represión. Era en definitiva el que determinaba la suerte de los secuestrados.
Juzgar a Menéndez tiene todo ese valor agregado, como lo es juzgar a Videla, a Masera o a Bussi en Tucumán. Figuras emblemáticas de la represión.

Santiago Llinás será el abogado que patrocinará en esta querella al ejecutivo nacional, desde hace algunos años integra el personal de la secretaría que trabaja en estos temas.

¿Qué significa para vos sumarte a este proceso?
Para mi es sumamente importante, es un orgullo formar parte de esto. Estoy convencido de lo que la secretaria plantea, de la importancia que tiene poder finalmente llegar a la justicia y mi intención es llevar a cabo mi tarea de la mejor manera, para poder aportar. Es lo que la secretaria viene desarrollando a lo largo del país, para que se concrete la justicia.