Caso Noble-Herrera: Pese a la polémica, el material ya está en el Banco Nacional de Datos Genéticos

En el marco de la difícil tarea que lleva adelante, la jueza Sandra Arroyo Salgado dispuso la extracción de material genético para ser contrastado en el Banco de Datos Genéticos. Asegura que está realizando lo que la Cámara le pidió cuando le designó el caso, es decir abocarse directamente al procedimiento, aunque ello implique poner en juego los intereses más poderosos del país.

La jueza Arroyo Salgado ordenó el viernes 28 de Mayo una toma de muestras alternativa a la tradicional extracción de sangre consistente en una selección de objetos personales con material genético que Felipe y Marcela Noble entregaron voluntariamente. El procedimiento tuvo lugar tras una nueva negación de los hermanos a aportar muestras de sangre o saliva. A pesar de lo que se intentó difundir desde algunos medios concentrados, fuentes oficiales afirmaron todo se realizó de acuerdo a las normas constitucionales y procesales. Los propios abogados defensores suscribieron al acta conformes y sin expresar la existencia de ningún trato que pudiera ser vejatorio o denigrante para sus defendidos.

La jueza que lleva adelante la causa que investiga la adopción ilegal de los hermanos Noble afirmó que las medidas que tomó son las mismas que adoptó en casos semejantes y que no tuvieron nada que ver con ningún tipo de especulación política. Sin embargo los abogados de Ernestina Herrera de Noble presentaron una recusación contra la magistrada para apartarla de la causa. Y en innumerable cantidad de notas y artículos de prensa los periodistas del grupo Clarín y de medios socios se hicieron eco de la misma estrategia dilatoria de la defensa. Se intentó implantar sospechas sobre la legitimidad del Banco de Datos genéticos por un lado y se informó del procedimiento utilizando las palabras, vejación violencia y hasta tortura. Todos términos utilizados banalmente y con impunidad.

Hace algún tiempo publicábamos una nota sobre la silenciación del caso de los jóvenes adoptados ilegalmente por Ernestina Herrera de Noble. Pero otro es el escenario complejo de hoy, marcado por un explícito enfrentamiento entre los propietarios de los medios y el gobierno, especialmente a partir de la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Desde entonces hemos sido testigos de importantes avances en la causa, desde el apartamiento del juez Bergessio hasta el último procedimiento de toma de muestras a Marcela y Felipe ordenadas por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, pasando por la conferencia de prensa que realizaron los jóvenes a través del multimedio. Y Sobre todas las cosas, puede verse que el caso ha tomado una gran visibilidad mediática con modalidades que no ayudan.

 La preservación de los jóvenes implicados, que es política esencial de las organizaciones de Derechos Humanos en materia de Identidad, hizo que el caso permaneciera en secreto durante muchos años, aún cuando Abuelas manejaba considerable información que hacía sospechar de la irregularidad de la adopción. Si alguien pretende cuidar a los jóvenes con dudas sobre su identidad, son las abuelas que buscan a sus nietos. Pero la mediatización y espectacularización de cada paso que se da en la causa deja entrever los intereses perversos que la rodean. Así, cada día asistimos por TV a una revictimización de los jóvenes implicados llevada adelante por un periodismo de medio pelo, información de escasa rigurosidad y una corporación mediática que pretende constituirse como víctima en un crimen que ella misma perpetuó.